viernes, 15 de enero de 2010

Primer choque en comisión de reformas electorales

se instala el foro que discutirá las modificaciones al ‘código electoral’

El reglamento interno de ese foro fue el primer tema que enfrentó a la sociedad civil y a los representantes de los partidos políticos.


CARA A CARA. La Comisión de Reformas Electorales se instaló ayer. LA PRENSA/Gabirel Rodríguez1321478

José González Pinilla/ La Prensa

Representantes de la sociedad civil y de los partidos políticos tuvieron ayer sus primeras diferencias en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, tras su instalación oficial por parte del Tribunal Electoral (TE).

Todo ocurrió luego de que el magistrado Gerardo Solís sometiera a votación el reglamento interno de esa comisión. Antes de su aprobación, miembros del Foro Ciudadano pro Reformas Electorales objetaron un artículo que les da derecho a voz a algunas organizaciones y el derecho a intervenir solo una vez por tema.

Javier Víquez, del Foro Ciudadano, denunció el hecho de que los partidos políticos tienen derecho a voz, a voto y a intervenir dos veces por cada tema. “Esto nos pone, desde un principio, en desventaja”, alegó.

Roberto Troncoso, del sector empresarial, pidió que se diera la oportunidad de analizar el reglamento y someterlo a votación en la próxima reunión.

Sin embargo, Jorge Ricardo Fábrega, representante del Partido Unión Patriótica, argumentó que no era necesario posponer la aprobación del reglamento, ya que el artículo 11 establece que cualquier reforma al documento se podía hacer sobre la marcha.

Ante esto, el bloque de la sociedad civil –representados por cuatro sectores– se abstuvo de votar. Los seis representantes de los partidos apoyaron la posición de Fábrega, lográndose le mayoría necesaria para aprobar la propuesta.

El magistrado Solís informó que, a partir de la próxima semana, la comisión se reunirá todos lo jueves durante este año.

Igualmente, comentó que se han identificado más de 50 temas para discutir, entre estos, la renovación de los partidos políticos, el porcentaje de adherentes necesarios parar crear un partido, el límite del gasto electoral y la duración del fuero electoral.

domingo, 10 de enero de 2010

Crisis de Poderes y Asamblea Constituyente

Sin ningún recato el gobierno presidido por Ricardo Martinelli ha pisoteado un principio básico de la democracia: la división de los poderes públicos. En seis meses ha puesto bajo su control el Órgano Judicial, la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa (cuya mayoría es legítima, por cuanto la ley electoral impidió participar a otros sectores sociales y políticos). Ahora le llega el turno a la Procuraduría.

Todo esto se ha hecho con la complicidad silenciosa de los medios de comunicación, el cuarto poder, tan locuaces contra Hugo Chávez, pero controlados hábilmente por Martinelli desde la propia campaña electoral, y en gran medida del propio pueblo, que sigue depositando equivocadamente en él sus esperanzas de cambio.

De las fuerzas políticas tradicionales, sólo el PRD ha levantado la voz porque le conviene, pero su crisis y baja credibilidad limitan el efecto de sus argumentos. Después de todo, ¿Pérez Balladares y Martín Torrijos no hicieron lo mismo?

La ambición desmedida por el control absoluto del poder tendrá su culminación, cual fresa en el helado, en un rumorado proyecto de reforma constitucional, cuyo corazón sería la reelección presidencial inmediata en 2014. Reforma que se pretende hacer desde la propia Asamblea Legislativa, dócilmente controlada por el Presidente. ¿Este es el “cambio” que se prometió en campaña? Definitivamente, NO.

El problema central, el presidencialismo extremo, no está en el carácter del Presidente, cuyo talente se conoce desde antes de ser electo, sino en la propia institucionalidad definida por la Constitución Política de 1972, emparchada “en democracia”, y reglamentada por el Código Electoral antidemocrático vigente.

La lógica indica que este régimen presidencialista, fuente de la repudiada corrupción, ha entrado en una crisis cada vez más evidente, y que una de las aspiraciones populares, incluso expresada en el voto a Martinelli, era modificarlo radicalmente. Y para cambiarlo democráticamente se requiere la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Para una Constituyente “originaria” se requiere una de dos cosas: o un acuerdo inteligente de la sociedad civil y los partidos políticos para convocarla antes que reviente la olla de presión; o que el pueblo, harto de la situación, salga a la calle imponiendo los cambios a los que legítimamente aspira, que se le prometieron y no se han cumplido.

Quienes controlan el poder no suelen recortárselo a las buenas, por ende, sólo queda la segunda opción. Se dirá correctamente, por ahora la segunda posibilidad está lejos porque el pueblo sigue creyendo en el hombre. Pero, ¿cuánto durará la luna de miel? Vaticino que poco luego de los regalos de Año Nuevo: aumentos de la luz, el agua, la gasolina y el ITBM.


Olmedo Beluche
Secretario General del Partido Alternativa Popular

miércoles, 4 de noviembre de 2009

Panamá anuncia que EEUU quiere 4 bases “aeronavales”


Opinión Alternativa


Por Marco A. Gandásegui, hijo (Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asoicado del CELA)

El gobierno panameño anunció que “la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Frontera y el Servicio Nacional Aeronaval firmaron un acuerdo interinstitucional para el establecimiento de bases aeronavales y de policía panameñas en el litoral Pacífico y Atlántico del país”. La declaración oficial es un encubrimiento del pacto que seguramente ya firmaron Panamá y EEUU para que este último país establezca bases militares en el Istmo panameño. Según el internacionalista, Julio Yao, el anunció “no sorprende porque serán bases aeronavales y de policía panameñas que podrán ponerse a disposición de EEUU”. Yao señala que un acuerdo previo firmado en 2002, entre el ministro de Gobierno y Justicia Salas y el embajador Becker, “dispuso que los puertos y aeropuertos de Panamá podrán ser usados generosamente por las fuerzas armadas de Estados Unidos”.

Hace un mes, el presidente Ricardo Martinelli proclamó que le había cedido dos bases navales a EEUU, después de reunirse con la secretaria de Estado de ese país, Hillary Clinton. Las dos bases se multiplicaron y ahora son cuatro bases “aeronavales” que Panamá le proporcionará a EEUU. Las cuatro bases aeronavales están en el Pacífico y en el Caribe.

La primera base “aeronaval” se ubicará en la Isla Chapera, en el Archipiélago de las Perlas, cerca de la Isla Contadora (ésta fue utilizada para concertar la paz en la región en la década de 1980). La segunda base se ubicará en Rambala, en la provincia de Bocas del Toro, área que se promovía para el turismo internacional. La tercera en Punta Coco, provincia de Veraguas y la cuarta – y última - en Bahía Piña, provincia de Darién, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia.

Según Yao, quien denunció el acuerdo en un discurso pronunciado en presencia del presidente Martinelli y su gabinete, “las bases puestas a la disposición de EEUU profundizan la militarización de un amplio espacio territorial... desde el cual será posible lanzar operaciones sobre toda la región en franca conspiración contra la pacífica convivencia entre los pueblos y la solución pacífica de las conflictos”. El operativo es una caricatura del realizado hace poco en Colombia. Bogotá publicará la próxima semana los acuerdos firmados con EEUU para poner a su disposición siete bases militares.

El vicepresidente y canciller de la República, Juan C. Varela, presente en el acto, perdió los estribos e intentó censurar al profesor Yao. Se lamentó, además, que Yao no hiciera referencia al tráfico de drogas por Panamá. El presidente Martinelli, en defensa de su política, sólo logró articular algo sobre los astronautas. Yao fue invitado como orador para rendirle homenaje a los Soldados de la Independencia por el Municipio de la ciudad de Panamá, cuyo papel en la gesta separatista del 3 de noviembre de 1903 fue crucial.

El gobierno panameño podría parafrasear al general Freddy Padilla, ministro de Defensa encargado de Colombia cuando defendió el acuerdo de Bogotá con Washington: “No son bases norteamericanas, son colombianas... pero brindamos la posibilidad de que accedan a nuestras instalaciones”.

Según EEUU, las cuatro bases que pretende instalar en Panamá tendrían como objetivo frenar el tráfico de drogas y de “personas ilegales”. También hacen referencia al eufemismo del terrorismo que puede interpretarse como quieran los funcionarios norteamericanos. Según Yao, “las Naciones Unidas carecen de una definición sobre el terrorismo, motivo por el cual no existe un solo tratado que lo regule. En cambio, si existe una definición sobre la soberanía nacional, que comprende la independencia nacional y la integridad territorial”. Con este acuerdo que se ha realizado en forma secreta, el gobierno actual está violando en forma abierta la soberanía nacional que le ha costado tanto conquistar al pueblo panameño.

Según varios acuerdos, que no tienen fundamento constitucional, firmados a principios de la presente década, EEUU (sus fuerzas armadas, terrestres, aéreas o navales) puede surcar el territorio nacional sin mayores trámites o requisitos.

Según la denuncia de Yao, “todos los barcos de bandera panameña pueden ser interceptados en alta mar por naves de EEUU bajo el programa de control de armas de destrucción masiva. Conforme a esos acuerdos, EEUU puede invitar para que entren a nuestro territorio otros Estados con el propósito de que éstos cooperen con Panamá en la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y otros delitos internacionales. Conforme a esos acuerdos, Panamá se obliga a no ejercer jurisdicción sobre funcionarios civiles o militares de Estados Unidos, acusados de crímenes de guerra, ni de someterlos al Tribunal Penal Internacional”.

Los citados arreglos intentan cubrir las maniobras militares Panamax que desde 2003 llevan a cabo países latinoamericanos y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Panamá con el pretendido propósito de atender la protección y defensa del Canal y de Panamá. Las maniobras Panamax han sido dirigidas siempre por un almirante del Comando Sur. La Constitución Política de Panamá atribuye exclusivamente a panameños la defensa de su territorio y prohíbe a nuestros funcionarios civiles o militares recibir órdenes de militares extranjeros. A su vez, el Tratado de Neutralidad imposibilita la presencia militar extranjera en nuestro país.

En su discurso el internacionalista Yao aclara que “el Artículo V del Tratado de Neutralidad dispone que, después del 31 de diciembre de 1999, sólo la República de Panamá mantendrá fuerzas e instalaciones militares y sitios de defensa dentro de su territorio nacional. Los defensores de la militarización norteamericana de Panamá argumentarán que la Reserva Nunn al Artículo V del Tratado de Neutralidad permite acordar dicha presencia militar, les advertimos que una cosa es lo que se pretendió con dicha Reserva y otra es lo que la misma dice”.

Lo que dice la Reserva Nunn es que, no obstante el Artículo V, Panamá y EEUU podrán acordar la presencia militar extranjera para garantizar el régimen neutral del Canal. La neutralidad de la vía acuática consiste en la libre navegación y la desmilitarización del Canal. Mal puede la Reserva Nunn garantizar la neutralidad si ella misma introduce condiciones (las bases) que específicamente la niegan. La Convención de Viena es clara al estipular que pueden aceptarse enmiendas a los tratados siempre y cuando no contradigan sus propósitos fundamentales. Si esto último ocurre, las enmiendas dejan de tener validez jurídica. Este sería el caso de la Reserva Nunn, concluye Yao.

Panamá, 5 de noviembre de 2009.


Foto: fuente www.eltiempo.com

domingo, 4 de octubre de 2009

Señalan ausencia de cambios con nuevo gobierno panameño

Panamá, 4 oct (PL) El Partido Alternativa Popular (PAP) de Panamá, fuerza política en formación, señaló hoy la ausencia de cambios con la llegada al poder del nuevo gobierno y el próximo arribo a los primeros 100 días de gestión.

Según la organización, están pendientes mejoras en temas como la seguridad, el elevado costo de la canasta básica, salarios, educación, transporte y salud pública.

Las reformas tributarias implementadas, añadió el PAP, afectan más a la clase media que a los verdaderos oligarcas, además de que la rebaja en los aranceles de importación a varios rubros golpea a productores y ganaderos del país.

El único programa social que puede presentar el actual gobierno como un logro nuevo es el del bono de 100 dólares mensuales a los adultos mayores de 70 años carentes de jubilación.

Sin embargo, esa iniciativa contrasta con la paralización de varios de los principales programas del Ministerio de Desarrollo Social, entre ellos la Red de Oportunidades.

En materia de política exterior, el partido cuestionó la posición respecto a la situación en Honduras cuando se señaló la posibilidad de reconocer el resultado de unas elecciones sin condicionarlas a la restitución del presidente constitucional de ese país, Manuel Zelaya.

Unido a ello, está el propósito de retirar a Panamá del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y el anuncio sobre la instalación de dos estaciones navales en el país bajo un acuerdo de cooperación internacional.

El PAP adelanta acciones para su registro oficial como partido político, lo cual requiere una cifra de adherentes equivalente al cuatro por ciento de los votos válidos emitidos en los comicios del 3 de mayo.

lma/mem

sábado, 3 de octubre de 2009

LA REPRESION CONTRA LA RESISTENCIA INDIGENA NASO

Huelga de hambre y manifestantes Nasos arrestados

Un total de 10 personas que participaban en la protesta pacífica, contra la destrucción de comunidades del pueblo naso en la provincia de Bocas del Toro, fueron detenidas a las 2am del sábado, 3 de octubre de 2009.

Los arrestos se produjeron en la Plaza Catedral de la ciudad de Panamá donde las protestantes estaban desde hace seis meses. Entre los detenidos hay 8 indígenas naso y dos indígenas ngobe. Fueron acusados por desacato, según una autoridad que estaba acompañada por unas 40 unidades de la Policía Nacional.

La autoridad esperó que los medios de comunicación se retiraran de la Plaza Catedral para efectuar el desalojo. Los protestantes trataban de descansar encadenados a los bancos del gacebo en la Plaza cuando fueron sorprendidos por la autoridad.

La Policía detuvo a varios resistentes que no estaban en el gacebo de la Plaza ni estaban encadenados. Los agentes rasgaron las pancartas.

Entre los detenidos se destacan los dirigentes naso Eliseo Vargas y Lucho Gamarra. También fueron detenidos dos indígenas ngobe que se habían incorporado en solidaridad desde la caminata de la Movilización Nacional Indígena, Campesina y Popular.

“Llamamos a todos los ciudadanos solidarios a unirse el sábado a la toma del gacebo de la Plaza Catedral en el que trataremos de sustituir a los compañeros naso detenidos y reprimidos”, dice un comunicado aparecido en internet.

Según la misma fuente, los detenidos “están en un cuarto no aislado de los presos comunes en una subestación de Policía del corregimiento de El Chorrillo. No hay colchones, ni condiciones higiénicas, tampoco se les facilitan alimentos. Según se informó, los agentes custodios no han abusado físicamente de los detenidos. Pero no hay condiciones que garanticen la seguridad ni los derechos fundamentales de los detenidos.


HUELGA DE HAMBRE
Como respuesta a la represión sufrida contra la resistencia naso, en la tarde del 3 de octubre un grupo de indigenas y ecologistas se han declarado en huelga de hambre en plaza Catedral para denunciar las medidas represivas del gobierno y su intención expresa a través del Ministerio Gobierno y Política Indigenista de fragmentar el territorio tradicional Naso y negar la autonomía para favorecer los intereses de la empresa Ganadera Bocas y transnacionales que vienen proyectando centrales hidroeléctricas en la zona.

Textos: Marco Gandesegui
Mesa de Redacción

LA DIRECCIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO DE MARTINELLI


OPINION CRITICA


Por Ángel T. Valdés M.




Si algo ha caracterizado al gobierno de Martinelli, además del “show” mediático de perseguir a malos empresarios, es que no ha dudado, tanto en el ámbito nacional como internacional, en presentarse como un gobierno de derecha decidido a detener la vertiginosa inclinación del “péndulo ideológico” hacia la izquierda en América Latina.

La coyuntura que le ha brindado el desastroso gobierno del PRD a Martinelli, proyecta a su gobierno como algo diferente, un gobierno capaz de enderezar entuertos y demostrar que un Estado dirigido por “empresarios exitosos” es la mejor alternativa para el pueblo.

Adalides de la justicia y legionarios anticorrupción, sus tropas seleccionadas de los “mejores panameños” se pasean, espada derecha en mano, por todos los ministerios e instituciones dispuestos a exterminar cualquier vestigio de podredumbre y corrupción del gobierno pasado. Estas acciones y actitudes han sido bien acogidas por diferentes sectores de la sociedad, hastiadas de tanta inmoralidad y favoritismos a sectores políticos determinados.

De esta manera, Martinelli se ha ganado la aprobación de los medios de comunicación, sectores empresariales, la Iglesia Católica y organizaciones afines o financiadas por los Estados Unidos. Con esta carta de presentación, se ha convertido en una alternativa de derecha para la región donde gobiernos neoliberales y conservadores han sucumbido producto de una agotada democracia elitista, de sus ambiciones y políticas corruptas, dándole paso a nuevas formas de organización popular y otros modelos de gobierno como los que se desarrollan en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

El afán del actual gobierno es presentar la corrupción que impera en nuestra sociedad, como producto de la mala actuación de los gobernantes del PRD y de los viejos partidos oligarcas, y no como una consecuencia del propio sistema, por lo que ésta se puede erradicar con un buen gobierno dirigido por personas “honestas y capaces”. En estos primeros meses se ha querido vender esta ilusión, pero las denuncias de malos manejos e ilegalidades, no se han hecho esperar, comprobándose de esta forma, que por muy disfrazados de honestos que se nos presenten estos “nuevos políticos”, todos provienen de una misma matriz.

Es comprensible entonces, que cada vez que el gobierno lo necesita, los medios de comunicación nos hacen recordar aquellas imágenes emblemáticas, donde el legislador Afú con dos fajos de billetes, cual saetas listas para ser empulgadas, amenazaba con herir mortalmente el honor de sus otros copartidarios del PRD. El CEMIS, paradigma de la corrupción de los Poderes del Estado, está allí como un fantasma permanente para intimidar o acallar a quien ose agitar la ciénega donde cohabita la “clase política” del país.

Así, en estos primeros meses el gobierno del cambio ha querido enderezar lo que mal se ha hecho, sin importarle la forma como se hace, aún siguiendo los mismos procedimientos corruptos como las contrataciones directas, o ilegalidades como las que se han producido en la Asamblea de Diputados, la Alcaldía de Panamá, la Caja de Seguro Social y otras instituciones. Poco a poco y más temprano de lo esperado, al gobierno de Martinelli se le caído la careta y se descubre como más de lo mismo, con el agravante de que esta vez entran millonarios para salir más millonarios.

La orientación política y socioeconómica del gobierno, fue claramente definida en el discurso pronunciado por Martinelli en la ONU, donde se formuló como un futuro promisorio que Panamá se convertirá en el Dubai de América. Aunque la riqueza de Dubai, se ha basado en el petróleo, hoy su fuerte es el sistema financiero, el negocio inmobiliario y la industria de la construcción con sus mega proyectos. Allí se levantan lujosos rascacielos creados por la mano de obra barata de trabajadores provenientes de la India y Pakistán, quienes viven hacinados en condiciones de miseria, como esclavos, situación que ha sido denunciada por diversas organizaciones de Derechos Humanos. No queremos el desarrollo de nuestro país basado en esas condiciones, producto de la explotación y sangre de otros seres humanos, por lo que tememos que la visión del presidente sea convertirse en un nuevo Sheik (Emir) latinoamericano, dócil y ferviente seguidor de la política de Estados Unidos.

Con esta percepción del país y del mundo por parte de quien está al mando del Estado, será muy difícil enfrentar los grandes problemas que la crisis económica mundial ha generado y para los cuales no se avizoran soluciones reales y próximas. Más neoliberalismo y más rescate financiero a los grandes bancos es la solución capitalista, eso nos sumergirá en burbujas económicas mucho más grandes y peligrosas que la burbuja que estalló hace más de un año. El despilfarro de los recursos energéticos, el cambio climático, la lucha por adquirir fuentes de energía y agua, van a provocar grandes calamidades y confrontaciones entre naciones, si no se hace un alto en la forma de producir y consumir que el sistema capitalista ha impuesto.

El gobierno actual, ni siquiera se ha trazado un plan de desarrollo económico y social que contemple esta realidad que afecta a todo el mundo. Su política netamente empresarial, sólo se centra en crear el clima de un país abierto y favorable para hacer negocios, su reciente viaje a Europa y su corte de empresarios demuestra a quienes beneficiarán las políticas económicas del gobierno.

Estos cinco años de gobierno empresarial, a todas luces se nos presentan como nefastos para las aspiraciones de los más humildes. En estos últimos meses se ha producido un aumento en el desempleo y se ha encarecido la canasta básica del panameño, contrario a la falsa esperanza electoral que vendieron los partidos políticos que hoy gobiernan. Esta situación para el movimiento popular es un reto, pues se deben crear alternativas de poder para poder enfrentar las situaciones adversas que se avecinan, para que en el futuro próximo no nos dejemos engañar con la falsa democracia electorera, que se aprovecha cada cinco años, de la desorganización y miseria de nuestro pueblo.

sábado, 19 de septiembre de 2009

El Partido Alternativa Popular supera los 2,000 adherentes

La Estrella de Panamá/ Al minuto

El Partido Alternativa Popular (en formación) dio a conocer ayer que ha superado las primeras 2,000 firmas de adherentes. Estas firmas colocan al proyecto político, presidido por el sociólogo y profesor universitario Olmedo Beluche, en el segundo lugar en volumen de inscripciones logradas desde el 1 de agosto pasado, cuando se abrió la nueva etapa de inscripciones para los partidos políticos, hasta la fecha; solo superados por el oficialista Cambio Democrático.

Según un comunicado de la organización política, aún hace falta la verificación de 171 firmas adicionales que no aparecen en el listado final, y que están a la espera de que el Tribunal Electoral se manifieste.

En las próximas semanas el partido estima que seguirá creciendo en número de adherentes, más cuando otras fuerzas políticas anunciarán su incorporación formal al colectivo político en formación, como es el caso del Frente Panamá Soberana (FPS), dirigido por el sociólogo y profesor Marco A. Gandásegui.