Sin ningún recato el gobierno presidido por Ricardo Martinelli ha pisoteado un principio básico de la democracia: la división de los poderes públicos. En seis meses ha puesto bajo su control el Órgano Judicial, la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa (cuya mayoría es legítima, por cuanto la ley electoral impidió participar a otros sectores sociales y políticos). Ahora le llega el turno a la Procuraduría.
Todo esto se ha hecho con la complicidad silenciosa de los medios de comunicación, el cuarto poder, tan locuaces contra Hugo Chávez, pero controlados hábilmente por Martinelli desde la propia campaña electoral, y en gran medida del propio pueblo, que sigue depositando equivocadamente en él sus esperanzas de cambio.
De las fuerzas políticas tradicionales, sólo el PRD ha levantado la voz porque le conviene, pero su crisis y baja credibilidad limitan el efecto de sus argumentos. Después de todo, ¿Pérez Balladares y Martín Torrijos no hicieron lo mismo?
La ambición desmedida por el control absoluto del poder tendrá su culminación, cual fresa en el helado, en un rumorado proyecto de reforma constitucional, cuyo corazón sería la reelección presidencial inmediata en 2014. Reforma que se pretende hacer desde la propia Asamblea Legislativa, dócilmente controlada por el Presidente. ¿Este es el “cambio” que se prometió en campaña? Definitivamente, NO.
El problema central, el presidencialismo extremo, no está en el carácter del Presidente, cuyo talente se conoce desde antes de ser electo, sino en la propia institucionalidad definida por la Constitución Política de 1972, emparchada “en democracia”, y reglamentada por el Código Electoral antidemocrático vigente.
La lógica indica que este régimen presidencialista, fuente de la repudiada corrupción, ha entrado en una crisis cada vez más evidente, y que una de las aspiraciones populares, incluso expresada en el voto a Martinelli, era modificarlo radicalmente. Y para cambiarlo democráticamente se requiere la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Para una Constituyente “originaria” se requiere una de dos cosas: o un acuerdo inteligente de la sociedad civil y los partidos políticos para convocarla antes que reviente la olla de presión; o que el pueblo, harto de la situación, salga a la calle imponiendo los cambios a los que legítimamente aspira, que se le prometieron y no se han cumplido.
Quienes controlan el poder no suelen recortárselo a las buenas, por ende, sólo queda la segunda opción. Se dirá correctamente, por ahora la segunda posibilidad está lejos porque el pueblo sigue creyendo en el hombre. Pero, ¿cuánto durará la luna de miel? Vaticino que poco luego de los regalos de Año Nuevo: aumentos de la luz, el agua, la gasolina y el ITBM.
Olmedo Beluche
Secretario General del Partido Alternativa Popular
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