Panamá: reforma electoral en la mira

Por Mario Esquivel (*)

Panamá, (PL) Los comicios generales del 2009 en Panamá, marcados por una agresiva y extensa campaña mediática, pusieron al descubierto reclamos de cambios en las normativas electorales por parte de partidos políticos y la sociedad civil.

Severos cuestionamientos al financiamiento de los diferentes candidatos, la extensión del propio proceso electoral y limitaciones a la participación de aspirantes independientes en la carrera por la presidencia de la República sentaron las bases para la discusión.

Con la llegada del 2010, las discusiones llegan a un nuevo escenario tras quedar instalada la Comisión de Reforma al Código Electoral, la cual dispondrá de un periodo de 12 meses para conformar un proyecto de modificaciones que será posteriormente sometido a consideración de la Asamblea Nacional.

Según el Tribunal Electoral, en el proceso se contemplan 50 puntos de interés a considerar por los integrantes de esa instancia, donde estarán representados los partidos y la sociedad civil.

Asimismo, existe la posibilidad de que los representantes de las organizaciones políticas recomienden la inclusión de temas adicionales en el debate.

La relación de aspectos contempla la reducción del tiempo de las campañas y la publicidad destinada a ese objetivo, además de dar a conocer las fuentes de financiamiento de los candidatos.

También esta la opción de acudir a una segunda vuelta en el caso de la elección presidencial si ningún candidato alcanza al menos el 50 por ciento de los votos.

Además existe la alternativa de dejar en manos del ente electoral la organización de las primarias de los partidos, unido a límites en los aportes de dinero y el cumplimiento de la norma de género.

Esta última regulación establece el nivel de participación de las mujeres en los diversos cargos partidistas y de elección.

Las normativas contemplan que los partidos políticos deben garantizar que al menos el 30 por ciento de los aspirantes a un cargo sean mujeres.

Sin embargo, el saldo de los comicios resultó inferior a lo esperado, pues para las féminas quedaron solo 75 de los puestos sujetos a decisión de las urnas, para el 9,7 por ciento de los cargos en disputa.

En la comisión la sociedad civil contará con cuatro votos, en representación del sector empresarial, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), las universidades y organizaciones no gubernamentales,

Mientras, los partidos políticos tendrán seis, de ellos cuatro correspondientes a la alianza oficialista integrada por Cambio Democrático, Panameñista, Unión Patriótica y Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA).

Por su parte, al Tribunal Electoral le corresponde un voto, el cual podría ser decisivo si se requiere un desempate.

A la hora de definir los aspectos de discusión se tomaron en cuenta las experiencias de los pasados comicios, donde se apreciaron largas campañas que sumaron los periodos de primarias más el correspondiente a la contienda por la presidencia, los cargos en el parlamento y corregimientos.

En esta ocasión hay actores de relevancia como el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), con derecho a voz en la Comisión de Reforma Electoral, el cual estimó que resulta necesario llevar los temas al debate nacional.

La organización recordó que la aprobación de los cambios tendrá lugar en el parlamento, de ahí la importancia de involucrar a la población en decisiones vitales para el futuro del país.

Entre las voces con propuestas novedosas está la del Partido Alternativa Popular (en formación), que recomendará disminuir la cuota de adherentes para lograr el registro oficial, además de flexibilizar el proceso de inscripción de miembros.

Unido a ello, está el reclamo de facilitar la libre postulación, a fin de garantizar la mayor cantidad de candidaturas de los sectores populares, a los diversos cargos, incluyendo la Presidencia de la República.

A lo anterior se añade la posibilidad de elecciones diferidas, las cuales podrían considerar en un periodo las correspondientes al presidente y alcaldes, para posteriormente concretar las de diputados y representantes de corregimientos.

A pesar de la lejanía de los próximos comicios (2014), los diversos actores de la sociedad panameña se aprestan ya a defender sus posiciones para conformar un código que responda a los intereses del electorado nacional.

Bajo las condiciones actuales, está por ver el alcance que logren las propuestas de cambios de los sectores representados en la comisión de reformas.

(*) El autor es corresponsal de Prensa Latina en Panamá.

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