La Asamblea de Diputados acaba de aprobar una ley que convierte la protesta en un crimen que puede ser objeto de un castigo de hasta dos años de prisión en Panamá. Hace poco elevaron la pena de prisión más larga de 20 a 50 años. La legislación, obviamente, tiene nombre y apellido. Se quiere acabar con la poca libertad de expresión que le queda a los sectores populares y, especialmente, a los segmentos más combativos de la clase obrera organizada.
La protesta en la calle es el último recurso que le queda a la gente que no tiene la capacidad financiera para expresar su descontento por medio de partidos políticos, por los medios de comunicación (televisión) o utilizando las cuentas bancarias de los dueños del país. En los últimos 20 años, a los trabajadores se les han coartado sus libertades para organizarse y negociar sus condiciones de trabajo. A los educadores del país se les ha acorralado, recortando sus niveles de ingreso. En las áreas rurales, a los trabajadores del campo se les secuestran sus tierras, contaminan sus fuentes de agua y son reprimidos en forma sistemática. En las comunidades indígenas, las autoridades y las empresas privadas pasan sus tractores por encima de sus viviendas y destruyen sus puentes.
El derecho a la expresión mediante la protesta está consagrado en la Constitución, leyes y convenios internacionales firmados por los gobiernos panameños. Sin embargo, el gobierno decidió tomar medidas de precaución como consecuencia de sus políticas impopulares. La reforma fiscal que entrará a regir a mediados de 2010 generará mucho descontento y protestas. Igualmente, el incremento de los precios de los alimentos que conforman la canasta básica creará zozobra en la familia panameña.
Las protestas también van dirigidas a la corrupción que es rampante entre las cúpulas gobernantes y sus socios del sector privado. En los mandos medios se manipulan los recursos de salud, educación y aseo municipal. En las esferas más altas, los negocios son más suculentos. A la cabeza de los proyectos que reparten miles de millones entre los corruptos se colocan las autopistas, las minas, las represas, los casinos, la usura inmobiliaria y el negocio de las reexportaciones.
Mientras unos se enriquecen, las grandes mayorías siguen empobreciéndose. La Asamblea de Diputados – representando a la corrupción - no tiene otra alternativa. Hay que criminalizar la protesta. La protesta popular es la respuesta a una situación creada por una clase corrupta que está llevando al país por un camino que no tiene salida. El presidente Ricardo Martinelli es de hecho también presidente de la bancada oficial, mayoritaria en la Asamblea de Diputados. Si decide publicar la ley aprobada por la Asamblea en la Gaceta Oficial creará una crisis de legitimidad que lo perseguirá para el resto de su mandato (2014). Si veta su propia propuesta crearía una crisis de credibilidad entre sus partidarios.
Es probable que mañana le toque “protestar” a la cruzada civilista – la extrema derecha panameña - y tendrá que enfrentar una ley de su propia factura. En ese momento contará con el apoyo de la Embajada de EEUU que levantará sus cañones en defensa de la libertad de corrupción de los sectores más adinerados del país. No hay que olvidarse que las leyes siempre regresan para hacer justicia contra los corruptos.
Marco A. Gandásegui, hijo
Olmedo Beluche, del Partido Alternativa Popular explicó hoy que en las reuniones de la Comisión que estudia las reformas electorales, su partido ha propuesto limitar a 10 mil dólares la donación privada para los candidatos, pero el partido Panameñista pidió que se postergue la votación.
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